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El momento es ya: Nueva universidad para un nuevo Puerto Rico

 

Declaración de los participantes del Simposio de reformas para la UPR

Los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero más de 300 integrantes de las diversas unidades de la Universidad de Puerto Rico, incluyendo docentes, senadores académicos, funcionarios de la Administración Central, integrantes de la Junta Universitaria y de la Junta de Gobierno, rectores, estudiantes, personal no docente y líderes gremiales de la Universidad de Puerto Rico, se reunieron en el Recinto Universitario de Mayagüez.  Motivó el encuentro el deseo de  retomar  discusiones sobre el presente y el futuro de la Universidad de Puerto Rico,  reconociendo la importancia de ésta como bien público, cuya misión es la formación integral del ser humano.  La Universidad genera y difunde conocimiento, forma profesionales y viene llamada a aportar al desarrollo de Puerto Rico, promoviendo la equidad en todas sus dimensiones, el pleno respeto a los derechos humanos y el ejercicio de una ciudadanía activa y consciente.

En diez  paneles de discusión rigurosa y plural en el simposio se analizaron temas fundamentales, a saber: el contexto histórico y jurídico de la UPR; los retos que confronta actualmente la institución; los procesos de transformación universitaria que se están dando en otros países; los modelos organizativos y administrativos que utilizan universidades con múltiples recintos;  las dificultades de acceso a la educación y al éxito académico;  los proyectos de reformas comprensivas que se generaron antes en Puerto Rico; propuestas para la gestión académica y la gobernanza;  y reflexiones y rumbos de la investigación en la universidad. También se hicieron algunas propuestas de enmiendas al Reglamento y a la Ley Orgánica de 1966 y hubo un panel dedicado a la visión de las organizaciones laborales sobre la necesidad de una reforma universitaria. Las presentaciones y los debates enriquecieron significativamente la comprensión de los factores que hacen urgente una transformación a fondo de la Universidad de Puerto Rico para atender cabalmente su misión histórica y hacer frente a los nuevos desafíos del futuro.

Preocupados por cuestiones como la progresiva erosión de la autonomía universitaria frente al poder político, la reducción de recursos disponibles para realizar la labor académica, la rigidez que implica una organización jerarquizada con una débil democracia interna, los participantes del simposio acordamos suscribir esta DECLARACIÓN que se circulará a toda la comunidad universitaria para estimular su discusión y comenzar acciones transformadoras.

Como integrantes de la comunidad universitaria objetamos la reiterada intromisión político-partidista en los asuntos de la Universidad de Puerto Rico.  En el mejor espíritu de las tradiciones, prácticas y principios que guían el quehacer universitario en el mundo,  la sociedad puertorriqueña necesita que su universidad pública opere en un marco de autonomía plena, libre de presiones, ya sean partidistas, empresariales, sectarias, o de cualquier otro tipo. La autonomía universitaria es fundamental para el funcionamiento institucional, y  particularmente  para poder llevar adelante con excelencia las funciones encomendadas a la universidad pública. Consideramos que la autonomía académica, fiscal y administrativa debe estar garantizada por la Constitución y hacia esos fines trabajaremos decididamente, mientras asumimos también la responsabilidad de ejercer y exigir el respeto a la autonomía universitaria que corresponde a los distintos niveles del sistema universitario.

Rechazamos la sistemática vulneración de la autonomía  en los procesos de seleccionar a las autoridades universitarias, lo cual ha ocurrido para privilegiar agendas particulares ajenas al quehacer académico. La persistencia de estas prácticas incide negativamente en la libertad necesaria para cultivar el pensamiento libre y crítico y coarta iniciativas innovadoras. Las reiteradas enmiendas a la Ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico, aun en el caso de que alguna de ellas haya sido decisiva para resolver problemas causados por intervenciones anteriores, han cambiado el órgano máximo de gobierno, han  generado desconfianza y escepticismo, e incidido negativamente en las posibilidades de la gobernanza democrática y la transparenciaen los recintos de la UPR.

Los participantes en este simposio afirmamos el derecho y la necesidad de la plena autonomía universitaria. Nos comprometemos a continuar trabajando en forma colaborativa para definir cómo debería  constituirse el cuerpo máximo de autoridad en la institución, privilegiando el peso que debe tener la propia comunidad universitaria en el mismo.

Afirmamos que la universidad pública y los universitarios deben gozar de libertad académica para crear, enseñar, aprender, investigar, divulgar y servir a la sociedad puertorriqueña. En ese sentido, se rechaza cualquier tipo de limitación, coacción o imposición que pueda contravenir esa libertad.

Habiendo confirmado que la autonomía universitaria ha sido vulnerada, además,  en los procesos de asignación de recursos, nos adherimos a la conclusión de que la fórmula de financiamiento de la universidad pública esté también garantizada por la Constitución.

La creciente centralización y jerarquización de la estructura operativa universitaria ha generado una distorsión en los procesos de gestión interna a los recintos y ha dificultado la instalación de mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad. Abogamos por diseñar mecanismos para invertir la actual pirámide y fortalecer la toma de decisiones en la base del proceso educativo, la cual se inicia en los departamentos académicos y sigue en las facultades y los recintos. Sólo profundizando un proceso de descentralización se logrará agilidad en la gestión, flexibilidad para innovar académicamente, y la optimización del uso de los recursos públicos que se le asignan a la Universidad de Puerto Rico.

La universidad debe ser participativa y democrática.  Ello requiere un modelo de gobernanza a tono con esas aspiraciones. Consideramos que los deberes, funciones y potestades de la actual Junta de Gobierno deben ser reducidas significativamente y pasadas a los recintos.   Continuaremos trabajando en la elaboración de una propuesta comprensiva que armonice las diversas visiones y opciones que hay sobre el tema.

Entendemos que una parte fundamental de la misión de la universidad es admitir y retener estudiantes y graduar profesionales de excelencia.  Pero hay políticas, prácticas y normas internas que atentan contra el cumplimiento cabal de este objetivo.  En particular, preocupa la escasa proporción de estudiantes de escuela superior, provenientes de sectores de bajos recursos,  que logran acceso a la Universidad y éxito académico. Creemos que debe haber una política institucional que revise los mecanismos actuales de admisión, que diseñe programas de apoyo para asegurar la admisión y la retención, que provea el acceso libre y gratuito a recursos educativos,  y que genere servicios en función de las necesidades estudiantiles.

La universidad que queremos y que el País necesita debe fomentar la generación y difusión del conocimiento sobre la base de los siguientes principios:

  • Entender la investigación, la creación y la innovación como valores en sí mismos.
  • Promover investigación en todos los ámbitos del quehacer universitario, incluyendo investigación básica, aplicada, histórica, analítica, de campo, o vinculada a la acción, pero siempre guiada por firmes principios éticos.
  • La investigación debe estar orientada hacia la formación de ciudadanos informados y capacitados para participar críticamente en los procesos sociales.
  • Debe ser consciente, sensible y relevante ante la realidad de nuestro País.

La reforma de la universidad pública que Puerto Rico necesita debe emanar de la propia comunidad universitaria en sostenido diálogo y concertación con el País.  Los universitarios tienen la responsabilidad de generar una propuesta que deberá atenderse en todo proceso de enmiendas a la actual ley o en la aprobación de una nueva ley orgánica. Los participantes en este simposio asumimos personalmente el desafío y el compromiso de trabajar en esa dirección hasta lograr la universidad que Puerto Rico necesita.

En Mayagüez, Puerto Rico, a 1 de febrero de 2014.