viernes, 23 de mayo de 2003
Protestar es un derecho y un deber.
Estas palabras de la jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Miriam Naveira, resumen el mensaje de su conferencia magistral titulada El rol de la comunidad universitaria y sus egresados después del 11 de septiembre de 2001, que ofreció recientemente en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
La magistrada, primera y única mujer en ocupar la posición de jueza asociada del Tribunal Supremo, exhortó a los presentes a cobrar conciencia de lo que ocurre a su alrededor en un llamado de alerta sobre los cambios en la percepción de la ciudadanía respecto a lo que constituye un atropello a los derechos civiles después del 9/11.
A la mayoría de los ciudadanos estadounidenses -y eso nos incluye a nosotros- le parece bien que, para combatir el terrorismo, tengamos que ceder nuestros principios y derechos más básicos, afirmó Naveira, quien procedió a narrar dos casos para comparar la reacción de la ciudadanía ante ellos.
El primero fue el de la norteamericana Laurie Berenson, acusada de traición y terrorismo por sus vínculos con el grupo guerrillero Sendero Luminoso a principios de los 90 y condenada a cadena perpetua en juicio secreto por un tribunal militar en Perú. La divulgación de este caso a través de los medios noticiosos ocasionó la indignación de sus compatriotas y eventualmente se logró un juicio público para Berenson, esta vez por cargos de conspiración, que redujo su sentencia a 20 años.
El segundo caso, después del 9/11, es el del joven puertorriqueño José Padilla, musulmán converso que lleva dos años encarcelado sin que se le hayan formulado cargos, sin representación legal, sin evidencia en su contra y sin derecho a juicio, debido a la sospecha de que tenía intenciones de detonar una bomba sucia en suelo estadounidense.
|
|
Padilla fue declarado combatiente enemigo, denominación que implica que todos sus derechos jurídicos fundamentales quedan suspendidos, según explicó la jueza.
Agregó que, del mismo modo, el gobierno federal ha declarado combatientes enemigos a cientos de personas y les ha privado de sus derechos y libertades sin gran escándalo para la opinión pública; situación que calificó como inconcebible antes del ataque a las torres gemelas.
La magistrada enfatizó la función de las universidades como focos de dispersión de conocimiento y concienciación -el mejor mecanismo de defensa- y alertó a los presentes contra la indiferencia, que puede desembocar en el fin de la democracia según la conocemos.
De ustedes [la comunidad universitaria y sus egresados], que han tenido el privilegio de estudiar en una universidad, esperamos la comprensión y la defensa de los derechos fundamentales. Le hacen un flaco favor al gobierno si no dicen en qué está fallando, afirmó la jurista al cerrar su mensaje.
Miriam Naveira, jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico
|