Volúmen 3 (2003)
Resumen
El problema del crédito y sus efectos en la economía es un tema de creciente interés en la teoría económica. Este ha sido discutido por diversas corrientes de pensamiento, según lo permiten sus esquemas analíticos. A mediados de la de la década de los ochenta surge la nueva escuela keynesiana, la cual, fundamentada sobre bases keynesianas y de expectativas racionales, señala la importancia del análisis del crédito al explicar, entre otras cosas, los efectos reales del dinero.
La nueva escuela keynesiana criticó los supuestos de completa flexibilidad de precios y salarios e información gratis y asimétrica, que asumía la nueva escuela clásica. Estos y otros supuestos daban como resultado la inefectividad de la política monetaria, entre otros (Rodríguez, 2001). Al introducir los supuestos del costo de la información y rigidez en precios y salarios, los nuevos keynesianos señalan la efectividad de las políticas monetaria y fiscal. En esta visión nueva keynesiana sobre la neutralidad, el crédito juega un papel fundamental.
El racionamiento del crédito pasa a ser el elemento principal en el análisis de transmisión monetaria, en lugar de la tasa de interés. Su análisis fue motivado por la interrogante de si la política monetaria tiene efectos en la economía, aunque las tasas de interés no se afecten sustancialmente. En la literatura se ha investigado si el racionamiento del crédito implica alguna forma de falla del mercado y si las tasas de interés son indicadores no dignos de confianza de los efectos de las acciones de política monetaria en la economía (Keeton, 1979; Stiglitz y Weiss, 1992). También se ha estudiado el efecto del crédito en los ciclos económicos y, particularmente, en la transmisión de la política monetaria en la economía, mediante su racionamiento (Bernanke y Gertler, 1987; Blinder y Stiglitz, 1983 y Greenwald y Stiglitz, 1988).
En este trabajo se explica el mercado de crédito de forma analítica y se estudia la perspectiva nueva keynesiana. Se discuten los modelos que plantean un mercado en equilibrio ineficiente o desequilibrio, dado la rigidez de la tasa de interés. Luego, se expone la relación entre la política monetaria y el mercado de crédito y sus efectos sobre la producción real. Además, se discute la relación del mercado de crédito con el desempleo y la distribución del ingreso.
Resumen
Mantener un crecimiento sostenido en el comercio exterior representa uno de los más importantes desafíos que enfrentan los países para consolidar la sustentabilidad futura de sus economías. Tal y como destacan varios organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de la Naciones Unidas, en las últimas dos décadas, el comercio y la inversión internacional están creciendo a tasas más aceleradas que los valores agregados del Producto Interno Bruto (PIB) de la economías. Esto ofrece la oportunidad de acelerar el crecimiento económico ya que ello implica una mayor integración al mercado mundial.
Esta situación encierra desafíos, pero no puede ser vista sólo como una amenaza ya que también conforma un escenario de oportunidades. Asimismo, el avance de las negociaciones que se lleven a cabo en los frentes subregionales, hemisféricos y multilaterales, está configurando un marco de reglas de juego a las cuales el comercio internacional deberá ajustarse en el futuro.
Dentro de este panorama internacional, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe y puede ser pieza clave en esta etapa de intensificación del comercio y la inversión internacional. Para lograrlo hay que fortalecer, agilizar y modernizar sus instituciones como condición necesaria para mejorar la competitividad y eficiencia económica de lo sectores productivos y de servicios del país. Así mismo, debe actuar estratégicamente en la búsqueda de nuevos mercados de exportación y la consolidación y ampliación de los mercados ya existentes.
En relación con estos temas, además de la exigencia de condiciones macroeconómicas adecuadas, se ha revivido en Puerto Rico un amplio debate que gira alrededor de las siguientes interrogantes: (i) ¿Qué tipos de instrumentos de apoyo son los apropiados para mejorar la competitividad y eficiencia económica de los factores de producción?; (ii) ¿Cuál debe ser el rol del Estado en la estrategia de desarrollo?; y (iii) ¿Qué normas de orden nacional, subregional o internacional influyen en el diseño de esos instrumentos de apoyo y en los mecanismos correspondientes de aplicación?
Para contribuir a este debate, se debe plantear inmediatamente un punto de consenso en cuanto a la estrategia de desarrollo a adoptar, partiendo de la realidad internacional y a la luz de las actividades promovidas por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La promoción de las exportaciones deberá ser constituído como un elemento central en la estrategia de desarrollo de la economía de Puerto Rico. Actualmente, las economías enfrentan condiciones distintas a las de décadas pasadas, tanto en el plano interno como externo. Estás presentan un mayor grado de apertura comercial, situación generalizada a nivel mundial. Por otra parte, las economías se hallan sujetas al reforzamiento de las reglas del comercio internacional luego de la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la cual surgió un nuevo marco normativo, de amplio alcance temático y geográfico.
La creciente globalización de la economía mundial obliga a las naciones a realizar mayores esfuerzos para lograr ser competitivos a ese nivel y para consolidar dicha competitividad en el mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, la globalización brinda mayores oportunidades para realizar negocios de exportación e incorporar nuevas tecnologías. Por ello, instrumentos que puedan resultar adecuados para apoyar el ingreso a nuevos mercados no aseguran necesariamente la permanencia en ellos, para lo cual se requiere la construcción de una estrategia de sustentabilidad competitiva en el mediano y largo plazo.
En este contexto, la Sección 27 de la Ley de Marina Mercante de 1920, conocida como “Ley Jones” o “Leyes Federales de Cabotaje de 1920”, ha sido señalada como un instrumento que no se adopta a las exigencias que el nuevo escenario global presenta, como condición para establecer relaciones de negocios duraderas. El razonamiento teórico que emana en la oposición a la aplicación de la Ley Jones es la restricción al libre comercio entre naciones. Según la teoría económica clásica, el libre comercio hace posible el desarrollo de una verdadera división internacional del trabajo y, a su vez, permite a los países especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios que ofrecen ventajas comparativas.[4] Cuando un determinado país posee eficiencia económica en la producción de ciertos bienes y servicos, éstos podrán ser intercambiados en el mercado internacional por aquellos bienes y servicios que no son producidos de manera eficiente en el país. Esta interdependencia comercial, basada en la ventaja comparativa, generará unos niveles de ingresos y de calidad de vida superiores en comparación a aquellos países que no son partícipes del comercio internacional.
A pesar de que la Ley Jones restringe el comercio entre puertos dentro de los Estados Unidos de América, sus opositores en Puerto Rico argumentan que este estatuto federal es una limitación al libre comercio, al excluir la competencia extranjera del mercado de transportación marítima de la Isla; y tiene como efecto orientar el mercado hacia los Estados Unidos. Además, en el caso de Puerto Rico, este estatuto federal equivale, a su vez, a un impuesto en la transportación marítima de mercanías que Puerto Rico compra y vende a los Estados Unidos de América.
Otro aspecto a destacar es la existencia de “fallas de mercado”; particularmente, en los aspectos sobre disponibilidad de información y el costo de obtener la misma. Por ejemplo, los exportadores no poseen, por lo general, toda la información respecto, entre otras cosas, a oportunidades de negocios, preferencias de los consumidores, exigencias en cuanto a características y calidad de los productos en los mercados de destino. La obtención de esta información por parte de un exportador individual tiene costos muy altos, por lo cual ese exportador no invertirá lo socialmente deseable en obtenerla. Esto es así, dado que no podrá apropiarse de la totalidad de los beneficios derivados de su obtención, ya que otros exportadores la podrían aprovechar también sin invertir en su adquisición.
En el caso de Puerto Rico, esta asimetría de información entre los exportadores es alta, debido a que éstos no poseen información completa sobre los costos de transportación marítima de mercancía ya que, por medio de la Ley Jones, no tienen acceso al mercado internacional de transportación marítima. Esta simple distorsión en la determinación de los precios relativos de transportación marítima conllevará, de una manera directa, a incrementar los costos de transacción en el comercio exterior de Puerto Rico.
Por otro lado, aquellos que defienden la Ley Jones argumentan que es la única forma en que las leyes federales ambientales y laborales (incluyendo aquellas que restringen desde la disposición de desperdicios hasta el salario minímo) podrán ser aplicables en aguas territoriales estadounidenses. Segundo, por razones de seguridad nacional, la Ley Jones es necesaria para mantener una marina mercante capaz de proveer transportación durante periodos de guerra y de emergencia nacional. Además, éstos argumentan que la diferencia entre los costos de mantener la Ley Jones vis-a-vis los beneficios de derogar la misma son mínimos.
Ante estos argumentos a favor y en contra de las leyes federales de cabotaje, la pregunta sobre cuánto es el costo de la Ley Jones es central en esta discusión. El presente trabajo muestra, de forma preliminar, un análisis econométrico sobre el efecto del régimen actual de comercio exterior en relación a la transportación marítima en la economía de Puerto Rico. El mismo esta organizado en ocho secciones. La Sección 2 provee una sinopsis del significado de la Ley Jones, de cómo éstas aplican a otras posesiones o teritorrios y, a su vez, como comparan a nivel internacional. La Sección 3 presenta una revisión de la literatura con relación a estudios realizados sobre el efecto de la Ley Jones en la economía de Puerto Rico. Las Secciones 4 y 5 presentan el modelo econométrico a ser estimado y las variables a utilizarse, respectivamente. Por último, el Capítulo 6 presenta los resultados obtenidos y la Sección 7 provee las conclusiones y recomendaciones del estudio.
“El verdadero costo de los combustibles derivados del petróleo” Por Lewis L. Smith
Resumen
Nuestra dependencia aguda de los combustibles derivados del petróleo siempre ha conllevado un alto costo para nuestro ambiente y nuestra economía. En primer término, sus precios están sujetos a fluctuaciones de duración prolongada y de amplitud exagerada, aun considerando que se trata de productos a granel. Peor todavía, los períodos de alza no suelen reflejar aumentos de las demandas sino manejos intencionales de precios y/o del volumen de exportaciones, de parte de algunos de los países productores. Desgraciadamente, estos períodos de precios altos no siempre se compensan por otros de precios bajos o “normales”. Además, la incertidumbre sobre los precios futuros de los combustibles ocasiona costos ocultos a las empresas, al dificultar la confección de pronósticos y la administración de presupuestos.
En segundo término, los precios de mercado que pagamos por dichos combustibles no reflejan otros costos también ocultos, ocasionados a nuestra economía en general por el uso de los mismos. No todos estos costos se pagan al momento de comprar una cantidad de combustible pero, tarde o temprano, se los cobran. El resultado neto de todos los factores mencionados anteriormente es que el verdadero costo de los combustibles derivados de petróleo que consumimos en Puerto Rico fluctúa entre dos y tres veces su valor en el mercado en cualquier época, aun cuando la `importancia relativa de un factor particular habrá de variar sustancialmente a través del tiempo.
Resumen
Los cambios recientes en nuestra economía no pintan un cuadro alentador. Los cierres de prominentes fábricas han generado una impresión de crisis y ansiedad en amplios sectores de la sociedad. Independientemente de si esta impresión es correcta o no, no podemos negar que cada cambio trae consigo la posibilidad de aceptar y superar el reto de los tiempos. En las últimas décadas, el pueblo ha mirado al gobierno como el motor principal para guiar y estimular la economía. El nuevo siglo trae consigo un nuevo reto para la economía de Puerto Rico. Uno de los retos a la clase empresarial y la académica es tomar la iniciativa de impulsar un crecimiento económico “neutral” del status ideológico que se busque alcanzar para Puerto Rico. Este es un reto para identificar los recursos económicos de Puerto Rico y enfrentar la globalización produciendo aquellos productos donde tengamos la ventaja comparativa. Es un reto para identificar las nuevas demandas y las necesidades de la población puertoriqueña; para suministrar eficientemente los bienes y servicios que puedan satisfacer sus necesidades.
https://www.uprm.edu/ceterisparibus/wp-content/uploads/sites/242/2022/04/neoliberausmo-y-desregulacion-el-fin-del-intervencionismo-keynesiano-por-victor-castillo-ph.pdf“Neoliberalismo y desregulación: el fin del intervencionismo keynesiano” Por Víctor Castillo, Ph.D.
Resumen
Una de las aportaciones mas notables de la Revolución Keynesiana fue su nueva filosofía del estado y las funciones y compromisos que este asumiría. Fueron precisamente los cambios en el concepto y alcances del estado intervencionista lo que le concedió a la política fiscal Keynesiana simpatías populistas en el ámbito político y remedios reformistas en el plano económico. La trayectoria exitosa del Keynesianismo estuvo ligada a un período largo de crecimiento económico en los países desarrollados y, por otro lado, en los países en vías de desarrollo permitió involucrar al estado en actividades que permitían mantener la posibilidad de un equilibrio social. Sin embargo, ese equilibrio social no borraba las diferencias en la distribución del bienestar. No obstante, se creaban las condiciones materiales necesarias para la acumulación de capital, ya través de programas sociales y la producción de bienes por parte del sector público, se facilitaba el acceso de los grupos en desventaja a participar de una fracción del bienestar social. En ese sentido, el estado Keynesiano mantuvo un balance general de consentimiento pasivo de parte de las clases sociales cuyas realidades objetivas ponía sus intereses en conflicto.
El intervencionismo Keynesiano tuvo éxito como propulsor de la actividad económica en aquellos países donde la función del estado era necesaria para atender necesidades del sector privado, llevar a cabo actividades económicas, o servir de puente entre las necesidades del sector privado para llevar a cabo sus iniciativas y los apoyos que el estado debla aportar para lograr objetivos macroeconómicos. La receta keynesiana incluyó subsidios directos e indirectos, construcción de infraestructura, precios garantizados, políticas arancelarias proteccionistas y otras modalidades de política fiscal que proliferaron dentro de los parámetros de la filosofía y teoría de Keynes. En ese sentido los “policy makers” fueron creativos pues se trataba de una modificación del papel del estado donde, en cierto modo cada estrategia innovadora engrandecía las posibilidades de adaptar la interpretación de la Teoría General a realidades concretas particulares en las diferentes formaciones nacionales. Aunque Keynes, como Smith y Marx, analizaron economías desarrolladas relativas a sus épocas, sus planteamientos, por tratarse de teorías generales, han dado luz para entender procesos económicos en otras economías y formaciones sociales de inferior desarrollo al de sus objetos de estudio.
El intervencionismo Keynesiano no se limitó al aspecto fiscal. De haber sido así, sus alcances hubieran sido muy limitados. Sin embargo, las crisis fiscales que enfrentaron algunas economías en la década de los años 70, puso de manifestó en el largo plazo la crisis de Keynesianismo como teoría y practica. En el plano teórico, la Teoría Keynesiana enfrentó un cuestionamiento fundamental. El modelo separa la recesión y el desempleo de la inflación tomando como parámetro el producto de pleno empleo. El periodo recesivo de 1978 a 1992 demostró que el desempleo y la inflación podían ocurrir simultáneamente y que no eran mutuamente excluyentes como lo presenta el modelo Keynesiano.
Estados Unidos fue uno de los países que protagonizó la crisis depresiva de los años 30, lo que, en algún modo inspiró la revisión de la teoría clásica iniciada por Keynes. Además, fue el país donde, a través del Nuevo Trato de F. D. Roosevelt se implantaron medidas novedosas de participación del estado en la economía. Interesantemente, fue éste también el país donde se inicia la desconfianza en la efectividad de la política económica Keynesiana. Los déficit fiscales de ciudades, estados y del mismo gobierno federal de Estados Unidos plantearon el cuestionamiento de si habían sido correctas las políticas Keynesianas. Ello provocó no solamente una reflexión a nivel federal sino que obligó al entrante Presidente Gerald Ford a reunirse con economistas destacados como Paul Samuelson, para escuchar sus puntos de vista sobre las finanzas publicas, la política fiscal y la situación general de la economía. Esto abrió un espacio a otras escuelas de pensamiento económico para presentar alternativas de políticas económicas correctivas. Desde ese momento, comenzó a germinar el auge del monetarismo, que se consolidó eventualmente durante la Presidencia de Ronald Reagan. Hasta hoy, el espacio ganado, por los monetaristasse evidencia en la hegemonía de la Reserva Federal en la política económica estadounidense y la importancia de su actual Presidente Alan Greenspan.
Es de rigor señalar que, para ser operacional, el Keynesianismo debía incluir la reglamentaci6n y regulación por parte del estado en aquellas actividades económicas que contribuyeran al bienestar general de la sociedad. Porque el concepto Keynesiano del estado, distinto a la filosofía clásica del “laissez faire”, plantea un marco mucho más amplio de responsabilidades del estado con la sociedad. De ahí que muchas utilidades públicas como la transportación, las comunicaciones, la energía, el agua, los servicios médicos, la educación y otras actividades fueran incorporadas como parte de sus responsabilidades a través de las corporaciones públicas o empresas estatales. En ese sentido (y en muchos más) el concepto de estado derivado de la filosofía Keynesiana rompía con el modelo de estado que planteaba el liberalismo económico del pensamiento clásico. Las corporaciones públicas constituían monopolios naturales para proveer bienes públicos. Así, el estado garantizaba a la población el acceso de esos bienes mediante una política de precios, en muchas ocasiones subsidiados. El monopolio natural, en muchos casos, constituyó un triunfo de la nación en el control de su riqueza porque ejercía la propiedad estatal sobre sus recursos naturales frente a la explotación extranjera. El Keynesianismo inspiró medidas revolucionarias de nacionalización y estatización de actividades económicas dándole al estado una dirección filosófica y el marco teórico para operar de forma actividades que antes eran realizadas por inversionistas privados, en algunos casos foráneos.
Las reglamentaciones y regulación de las actividades, tanto del estado como las que incidían sobre el sector privado, se fundamentaron, al menos teóricamente, en la protección del consumidor y la representación del interés público. Además, se limitaban los excesos de algunos oligopolios del sector privado. Aunque en todo rigor no son medidas proteccionistas en la aceptación general de ese concepto, cuando se trata de áreas en que el estado posee interés público era proteccionista. Para bien o para mal habla proteccionismo. El libre comercio internacional que ahora se postula como panacea frente al viejo proteccionismo, es cónsono con la desreglamentación de actividades para estimular la llamada libre competencia. Aquí el fin de la reglamentación y regulación es equivalente al derrumbe del proteccionismo para dar Paso al libre cambio.
“The Efficiency of Credit Unions in Hawaii and Puerto Rico” Por Roberto Mosheim, Ph.D.
Resumen
Credit unions are important institutions of financial intermediation in both Hawaii (HI) and Puerto Rico (PR). Most credit unions in HI are federally insured (FICUs). The Puerto Rican government insures most credit unions in PR. This study compares only federally insured credit unions. This limit might introduce a severe sample selectivity bias if the object were to compare credit unions generally. The goal of this paper, however, is to compare the performance of FICUs specifically to study the determinants of efficiency and the effect of the higher level of development of the state vs. the lower level of development of the US territory on performance.
Significant differences exist between FICUs in HI and PR. Credit unions in HI are almost twice as large as credit unions in PR. Those in HI also have on average more experience, a lower delinquency rate and a larger membership base than in PR. Yet, the number of FICUs in PR remained stable throughout the time frame of this study (December 1998-December 2000) while it declined in HI. This fact relates to the topic of this study given the observation by Berger and Humphrey (1997) that lower levels of efficiency in the banking system are associated with bank failure.
“Political Business Cycles: A Theoretical Appraisal” Por Luis Gautier
Resumen
Do incumbent governments try to manipulate fiscal and monetary policy instruments so as to get re-elected and stay in office? Since the mid-seventies political economists have embarked in theoretical endeavours to address this question. They have tried to explain the interaction between political and macroeconomic variables in the election of new governments by looking at the dynamics between the electorate and the incumbent. This approach has two important features: (i) voters are assumed to maximise their individual utilities, and (ii) the incumbent is assumed to implement those policies that allow her to retain power. The incumbent stimulates the economy to acquire the maximum number of votes so as to get re-elected, and this stimulus in turn causes the economy to fluctuate around its long-run path. A Political Business Cycle (PBC) is therefore the economy’s fluctuation around its long-run behaviour generated by the political system (Paldman 1997: 342). In other words, the PBC literature studies how interest groups and political pressures within a country influence its macroeconomic performance.
This field of study can be divided into two main waves of research: (i) the opportunistic models, and (ii) the partisan models. The first one, pioneered by Nordhaus (1975), identifies a cycle in the ‘opportunistic’ behaviour of politicians interested only in their re-appointment: the incumbent stimulates the economy before the election period so as to get re-elected. The partisan approach presented in the seminal work by Hibbs (1977) identifies a ‘partisan’ cycle in which different parties, when in office, implement different policies: the left-wing party tackles unemployment, and the right-wing party fights inflation.
These non-rational-expectations analytical frameworks were further developed during the mid-eighties to incorporate rational expectations. The works by Cukierman & Meltzer (1986), Rogoff (1990), and Persson & Tabellini (1990) include rational expectations into the ‘opportunistic’ framework first developed during the mid-seventies. Alesina (1987, 1988a, b) on the other hand builds a rational expectations model using a ‘partisan’ framework. The departure from the non-rational-expectations frameworks has two main implications: (i) voters can not be systematically fooled in equilibrium; that is, an incumbent’s repeated ‘opportunistic’ behaviour is punished by the electorate, and (ii) economic activity is less influenced by economic policies in general (Alesina 1995: 146).
The purpose of this paper is to spell out the opportunistic and partisan models under the non-rational-expectations and rational-expectations framework and explain their intuition. The first part presents the non-rational- and rational-expectations opportunistic models. The second part then delves into the non-rational and rational expectations partisan models. Finally, an overview is presented and future lines of research suggested.