Los espacios públicos seguros y coherentes
Prof. Reinaldo Rosado Silva, Ph.D.
Investigador del Observatorio de Seguridad Pública y Asuntos Urbanos del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez
Durante mucho tiempo se ha promovido la idea de que un espacio público seguro es aquel custodiado por policías, cámaras, alambres de púas y rejas. Esta percepción es limitada y distorsiona el verdadero valor del espacio público. La seguridad no puede depender exclusivamente de la vigilancia y el control, sino de decisiones de política pública que combaten desigualdades socioespaciales como la pobreza y la violencia estructural. Apostar por más vigilancia sin una estrategia integral de desperdicia recursos públicos y no mejora la calidad de vida urbana. Por supuesto, un buen diseño del espacio requiere base en evidencia científica y participación ciudadana.
Piénselo, para nosotros los ciudadanos locales ver policías en las calles podría generar una percepción de “seguridad”. Sin embargo, para un turista, el observar policías, cámaras, rótulos de vigilancia, rejas, púas, espacios públicos sucios o en desuso, podría representar una percepción de “inseguridad”.
Los Centros Urbanos Tradicionales ofrecen grandes oportunidades para repensar y revitalizar los espacios compartidos. Para lograrlo, los municipios deben profesionalizar sus equipos de planificación urbana con un enfoque desde los principios de habitabilidad y sostenibilidad. La participación ciudadana y los equipos interdisciplinarios son clave para evitar retos como la gentrificación y el desplazamiento por diseño. La densificación poblacional debe ir acompañada de estrategias económicas y de movilidad que integren diversidad de usos, personas y economías.
El espacio público debe ser un lugar donde se garanticen derechos y se celebren las diferencias. Bien planificado, mejora la economía local, la salud y el bienestar colectivo. Los espacios públicos de calidad son accesibles, seguros, inclusivos y conectados. Además, deben permitir que las comunidades participen en su diseño y gestión, fortaleciendo el sentido de pertenencia y de vivir en comunidad.
Existen diversas definiciones de espacio público, pero según la Guía Global para el Espacio Público de la ONU, pueden agruparse en tres categorías: calles, espacios abiertos y equipamiento urbano. Las calles como avenidas, bulevares y paseos permiten la movilidad y fomentan actividades económicas y culturales. Los espacios abiertos —como parques, playas o riberas de ríos— son esenciales para la integración social y deben estar disponibles sin costo. El equipamiento urbano incluye bibliotecas, centros comunitarios, mercados libres y canchas, cuya ubicación debe responder al perfil sociodemográfico de la zona.
La realidad en Puerto Rico es que muchos espacios públicos están mal diseñados o gestionados. Hay gimnasios al aire libre en lugares distantes de personas, parques sin árboles ni sombra, o plazas sin accesibilidad ni vida comunitaria. Las calles y aceras —las “venas” de la ciudad— están obstruidas por postes, alcantarillas mal ubicadas, aceras estrechas y contaminación visual por tendido eléctrico-cable TV y rotulación comercial. Estas deficiencias físicas afectan directamente la experiencia del peatón y la calidad de vida urbana en comunidad.
Los espacios públicos son seguros cuando la gente los usa y para eso deben ser pensados.
El espacio público también implica un deber ministerial: corresponde al gobierno crear condiciones que fomenten la vida comunitaria y la equidad territorial. Los bienes comunes reflejan un pacto social entre ciudadanía y gobierno. Cuando este pacto se rompe, la gobernanza se resiente y se pierde confianza para con sus instituciones.
Los espacios públicos bien diseñados y gestionados forman una red que promueve la recreación, la salud, la educación, la memoria colectiva y la expresión ciudadana. Reflejan la imagen de la ciudad y su compromiso con la convivencia, justicia social y bienestar común. Involucrarse y reclamar espacios públicos de calidad es parte de nuestro deber ciudadano. Después de todo, llenamos de significado el derecho de vivir en ciudad.
Prof. Reinaldo Rosado Silva, Ph.D.
Auxiliar Catedrático
Investigador del Observatorio de Seguridad Pública y Asuntos Urbanos y del
Centro de Investigación Social Aplicada
Profesor Adjunto del Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez