Por Javier Valentín Feliciano (javier.valentin@upr.edu)
Prensa RUM
viernes, 5 de mayo de 2023

El abogado criminalista Harry Padilla Martínez y el doctor Ricardo Fuentes Ramírez fueron los oradores principales del foro Impacto de la pobreza en el acceso a la justicia, coordinado en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) por el Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación y Educación en Ingeniería (CoHemis), que tuvo lugar en el anfiteatro de Enfermería.

“Esta iniciativa surge de la profesora María I. Barbot, quien nos mencionó la situación económica en Puerto Rico como un tema importante para realizar este conversatorio. La idea es crear la conciencia de que esas diferencias sociales que tenemos en la isla provocan dificultades en el acceso a la justicia. De esa manera, discutiéndolo también empezamos a mirar alternativas, a informar a nuestra comunidad universitaria, así como al público en general acerca de las alternativas para atender el asunto”, expresó el doctor Fernando Gilbes Santaella, director de CoHemis y decano del Colegio de Artes y Ciencias.

Por su parte, el licenciado Padilla Martínez, quien se dedica a la práctica privada desde hace cuatro décadas, y ha sido abogado en notorios casos del país, destacó que la presencia de una Junta de Control Fiscal es la que incide en la economía y que tiene su efecto en la comunidad indigente.

“Esto ocurre porque Puerto Rico tiene una relación política con Estados Unidos que data desde el 1898, que en un momento ha evolucionado en algunas cosas, se ha estancado en otras y ha estado dando giros de forma zigzagueante. Que el sistema federal haya impuesto una Junta de Control Fiscal, nos ha provocado una serie de problemas económicos, ya que se trata de una criatura que surge de ese contexto histórico. Es decir, ese cuerpo no hubiera nacido si nuestra relación con Estados Unidos no fuera lo que es en la actualidad. Por consiguiente, para bien o para mal, tenemos un ente que realmente es el está decidiendo en el país las cuestiones económicas. Eso tiene el efecto real de restringir, menguar, limitar la facultad constitucional que tienen los poderes políticos del estado”, indicó el abogado criminalista.

Por su parte, el doctor Fuentes Ramírez, catedrático del Departamento de Economía del recinto mayagüezano, presentó un recorrido histórico sobre cómo los asuntos económicos entre la isla y Estados Unidos limitan para que las personas tengan acceso a una mejor calidad de vida.

“Yo creo que aquí en Puerto Rico se habla mucho de que la gente no trabaja, pero cuando uno realmente hace el análisis, eso es incorrecto. Lo que ocurre es que muchas veces se ven forzados a hacerlo en la informalidad, es decir, no es que no trabajan, es que lo hacen en esa economía informal. Muchas veces también se crea ese mito de que quien hace las cosas por debajo de la mesa es un listo y tampoco es así. Creo que tratan de romantizar la informalidad y tener un empleo informal donde no tienes derechos laborales, ni cuentas con estabilidad; es bastante complicado. Toda esa dificultad conlleva un mal manejo de las ayudas. Los programas de asistencia están mal diseñados, muchas veces por culpa del gobierno de acá, otras veces, del gobierno federal. La consecuencia es que las personas que analizan si comienzan a trabajar en la formalidad, pierden su asistencia de una manera bien abrupta y la familia termina peor. Nuestro pueblo sí es uno trabajador”, aseveró el economista.

Mientras que, la profesora Barbot, quien se desempeña como docente en los cursos de Historia, insistió en la relevancia de conversar sobre la desigualdad en el país, que afecta a las personas que no pueden costear una defensa justa.

“Esta desigualdad ha traído un aumento debido a la crisis económica y a la pandemia. Nosotros como universidad debemos trabajar ese tema y máximo en CoHemis, ya que entre sus objetivos tiene una misión de educar. Ese fue el motivo que nos llevó a proponerle esta conferencia, que se presta para discutir dos cosas; primeramente, el impacto económico que trae la desigualdad, y segundo cómo ese impacto económico o pobreza afecta el acceso a una justicia equitativa”, concluyó.